PRÓXIMA ESTACIÓN: EUROPA

Mesa redonda

El modelo español como paradigma en la futura legislación europea sobre accesibilidad de los Sitios Web

26/06/2013

Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa

A finales del pasado año se presentó en Bruselas la Propuesta de Directiva sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público. Apenas quedan unos meses para que finalice esta séptima legislatura europea pero la intención es que la directiva se apruebe antes. El CERMI ha reunido en una mesa a tres expertos en el tema para intentar conocer de cerca la realidad de la directiva, las posibles carencias y sus aciertos, entre otros detalles.

Desde Bruselas se acercó Ramón Sanmartín Solá, responsable de Políticas en el área de accesibilidad web de la Dirección General de la Sociedad de la Información de la Comisión Europea. Lourdes González Perea, gerente de tecnología accesible de Technosite, acudió en representación de Blanca Alcanda, directora general de Technosite. Y Juan Carlos Ramiro, director de accesibilidad del CENTAC (Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad), asistió en representación de Juan Luis Quincoces, director del CENTAC.

La propuesta de directiva se presentó en diciembre y pasó al Parlamento europeo y al Consejo, donde ahora está siendo objeto de debate. Así lo expone Sanmartín al comienzo de esta mesa, para aclarar en qué punto nos encontramos y qué puede ocurrir a partir de ahora. “Nuestro objetivo es que salga en esta legislatura y nos esforzamos para que así sea”, asegura.

“Y mientras las dos cámaras debaten la propuesta nosotros por nuestra cuenta estamos en contacto con las organizaciones sociales y con los representantes de la industria para tener en cuenta sus comentarios, precisamente hace unos días en el Parlamento europeo ya se presentó una propuesta de opinión en torno a la directiva y en el Consejo también se está tratando el tema con los Estado miembros, y ahí si resulta una labor más compleja porque no les gusta que desde Europa se les indique qué deben hacer. Hay progresos y esperemos que podamos seguir adelante porque los plazos son muy justos ya que se espera que en 2015 ya esté en aplicación”.

Mecanismos de control

Y una vez comenzado el encuentro, lo primero que se advierte en la mesa es la importancia de que esta directiva incluya unos mecanismos de control, como explica Lourdes González: “Es muy importante que esa directiva, con independencia de los contenidos finales, vaya acompañada de una monitorización posterior que asegure o vigile el cumplimiento de lo que ahí se dice”.

Ramón Sanmartín aclara desde el principio que la directiva introduce la necesidad de un mecanismo de monitoreo y reporte a la Comisión, es decir que los Estados miembros tendrán que dar partes de cumplimiento: “Son mecanismos bastante ambiciosos porque requieren un parte anual y eso conlleva un gasto administrativo. También es necesario armonizar este monitoreo porque si cada Estado miembro utiliza distintos mecanismos será difícil luego llevar a cabo una comparación. Son los aspectos que se están debatiendo ahora. La Comisión no está especificando cuál es la metodología que se utilizará, porque sabemos que algunos países tienen su propia metodología y no queremos implantar otra, pero sí dejar claro que tiene que haber un mecanismo y que esto se decidirá entre la Comisión y los Estados miembros.  Si no hay monitoreo esto sería papel mojado, es fundamental”.

Juan Carlos Ramiro y Lourdes González aplauden esta propuesta, pero entienden ambos que también es necesario que en esta monitorización o control de cumplimiento participen las entidades de la discapacidad, que los usuarios finales valoren ese acceso. Y ambos consideran oportuno que dicho organismo de control sea mixto, por un lado los técnicos expertos y por otro los representantes de la discapacidad. “Una combinación de ambas perspectivas es lo que daría valor a esa monitorización”, sentencia Lourdes González.

Solo para organismos públicos

Desde las entidades de la discapacidad se advierte también de las limitaciones de esta directiva, ya que en principio solo hace referencia a las web de los organismos del sector público. Sanmartín explica las razones para esta limitación: “La idea de la propuesta era fijar un cupo mínimo de páginas web del sector público con la esperanza de que los que ya tienen una legislación vigente iban a extender los requisitos que nosotros pedimos, que son las famosas Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG), a sus medidas nacionales, porque entendemos que no tiene sentido que haya distintas especificaciones, unas que provienen de la legislación europea y otras que los Estado miembros conservan de sus propias leyes nacionales. La idea era que con la mínima obligación posible se genere el máximo impacto. Somos conscientes de que desde las entidades de la discapacidad presentarán propuestas de enmienda para ampliar este enfoque, y ya las hay, pero en la Comisión nuestro objetivo último era que el alcance fuera el máximo posible, pero siendo conscientes de que es necesario tener en cuenta a los Estado miembros decidimos limitar la obligación”.

Lourdes González interviene a continuación asegurando que desde Technosite y las entidades de la discapacidad el ideal sería partir de unos máximos, o al menos con objetivos más ambiciosos: “He leído las enmiendas o propuestas enviadas desde la Unión Europea de Ciegos, y efectivamente van en esa línea de ampliar al menos a los sitios web bancarios, para que podamos consultar el recibo de la luz, ese tipo de servicios que son básicos para cualquier ciudadano, que en España sí está cubierto por la legislación, pero el resto de países no quiere que dependa de sus legisladores el que se cubran esos servicios. A lo mejor los plazos tienen que ser distintos. Aquí en España comenzó la legislación obligando a que se cumpliese la accesibilidad en las web de la Administración pública y luego se ha ido ampliando a la de las grandes empresas. Creemos que esa deberías ser la tendencia en Europa y tenemos la esperanza de que en ese proceso que estáis de borrador de directiva se pueda dar un paso más en ese sentido”.

En este sentido, surge la referencia al caso español como un ejemplo a la hora de hablar de la normativa en la accesibilidad web, y así lo exponía Juan Carlos Ramiro: “El recorrido en España ha sido bastante satisfactorio en general, y España ha sido pionera en estas cosas y en una legislación integral, con sus fallos, pero el mayor fallo que tiene es que es una gran desconocida y que el ciudadano desconoce los mecanismos que tiene para hacerla efectiva. En España primero se sacó un desarrollo de la LIONDAU, el Real Decreto de condiciones básicas de accesibilidad a la Sociedad de la Información, y poco después una ley que se superpone al Real Decreto, que era la Ley de impulso y sociedad de la información, que ampliaba la obligación a todas aquellas empresas privadas que ofertaran servicios de especial trascendencia para los ciudadanos, como serían los financieros, por supuesto las eléctricas que son concesiones públicas, etc.”.

De ahí que la propuesta europea no sea tan satisfactoria para algunos sectores de la sociedad española, como expone el representante del CENTAC: “La directiva se puede quedar muy corta y hay que tener en cuenta que la tecnología se ha introducido de manera transversal en todos los ámbitos de la vida, no solo en los espacios públicos, sino en el ámbito financiero, en el del ocio, de los servicios de cualquier tipo, y creo que es un error enorme y afectará negativamente al ciudadano, ya no el ir a máximos, sino quedarnos tan escuetamente como es el ceñirse a los servicios públicos, y máxime cuando no en todos los Estados tienen los mismos servicios públicos y se pueden producir verdaderas distorsiones en el bienestar del ciudadano”.

Incumplimiento y niveles de accesibilidad

Desde la Comisión europea la visión es distinta y exponen la situación que se encuentran ante realidades diversas que se corresponden con 25 Estados miembros. Uno de los problemas hace referencia al incumplimiento de las normas, como expone Sanmartín: “Nosotros nos hemos dado cuenta, según una serie de estudios, que se puede tener una legislación vigente y eso no garantiza que el nivel de accesibilidad se cumpla. Los últimos datos que manejamos dicen que en España la legislación puede estar muy bien redactada pero los datos de cumplimiento están en torno a un 60 por ciento de accesibilidad en las páginas web del sector público, lo cual hace pensar que hay un trabajo por hacer, y nosotros queremos que esos porcentajes se incrementen. En ese sentido nuestra idea ha sido reducir un poco el alcance para maximizar el cumplimiento”.

 Y explica las consecuencias que puede tener un incumplimiento en el ámbito de la UE: “Una directiva que no se cumple puede conllevar que el Estado miembro sea sometido a un proceso de no cumplimiento y pueda haber una serie de sanciones. Estamos hablando ahora de la primera iniciativa legislativa que se hace desde la UE en este campo, es la primera propuesta que hay a nivel de legislación vinculante, antes había recomendaciones, y demás, por eso nosotros adoptamos este enfoque, pero somos conscientes de que hay una demanda de ampliar eso, aunque insistimos que lo importante es que luego haya un cumplimiento”.

Lourdes González coincide plenamente con la información que maneja el representante de la Comisión europea ante el incumplimiento en el caso de España, aunque ella encuentra otros aspectos positivos: “En nuestra experiencia de haber monitorizado la accesibilidad en Europa en dos ocasiones para la Comisión, incluso en el trabajo que hacemos en España, es verdad que el desarrollo legislativo y el estado real de la tecnología no siempre van de la mano, pero también es cierto que esa legislación invita a ir dando pasitos, al menos lo impulsa. Aunque puede ser otra estrategia, empezar por un poco y luego ampliar”.

Coste-beneficio

Y entonces llega el momento de aludir a la cuestión económica o a la crisis como uno de los condicionantes a la hora de aprobar normativa, como explica Ramón Sanmartín: “Hay que tener en cuenta también que la perspectiva aquí la vemos desde el caso español, que es uno de los países que lo ha hecho mejor, pero hay otros países a los que desde Bruselas se les dice que deben hacer esto, y no tienen nada en marcha, y eso tiene unos costes, y no es lo mismo para ellos llegar y cubrirlo todo en dos años, porque estamos hablando de lograrlo para finales de 2015, en una situación como la actual, en crisis, que para algunos Estados miembros es muy difícil, y sobre todo empezar de cero. Y por otro lado, en la UE hay distintos enfoques y hay países donde no han legislado pero lo están haciendo muy bien, y uno de ellos es Suecia, que tiene unos niveles de accesibilidad muy buenos, es otra cultura y tienen unas recomendaciones que se llevan a la práctica. Y otros países donde han legislado, como es el caso de España, presentan unos niveles que no deberían ser así con esa legislación”.

Para Juan Carlos Ramiro la crisis no cuenta en este caso: “Creo que hay recursos que son  independientes de la crisis económica que muchas veces se aprovecha para afectar a determinados servicios. Dentro de los servicios de la administración hay unos que son críticos y otros que tienen menos trascendencia, desde luego. Hay servicios, como la sanidad, educación, gestión tributaria, que bien hechos le reportan muchos más ingresos al Estado y muchísimos menos gastos. Y esos servicios deberían ser obligatorios en la directiva, independientemente de crisis y situación económica. Hay gastos que nunca se recortan y se podrían recortar y este tipo de cosas tampoco son tan costosas”.

La representante de Technosite respalda el argumento de Ramiro y afirma: “Uno de los estudios que hicimos para la comisión era el del coste-beneficio de la accesibilidad. El coste es más elevado si tienes que hacer accesible algo que ya existe, como ocurre también en las barreras físicas. Pero en el caso de las web el coste es mínimo, en algunos casos no supera el cinco o el siete por ciento respecto a todo el beneficio que aporta, porque esa inversión realmente se recupera y con creces”.

“El problema al que nos enfrentamos es que hay pocos estudios en este sentido, el de los beneficios”, replica Ramón Sanmartín: “Encontramos difícil recopilar datos o estadísticas que demuestren que hay unos beneficios que pueden superar incluso esos gastos. No hay tantos estudios como en otros campos y eso es difícil para los Estados miembros a los que hay que mostrar los gatos y hablar de unos beneficios que no están tan computados. En la batalla de las estadísticas no es fácil y en la actual situación la tendencia de las administraciones es mirar los costes, y los beneficios de otro tipo, como los sociales o de bienestar, quizás quedan relegados”.

Lourdes insiste en que esos beneficios existen, aunque entiende la realidad que expone el representante de la Comisión europea, es cierto que no se cuantifica bien ese dato del beneficio, “pero existen beneficios incluso a nivel económico, no solo social”, asegura tajante.

Y mientras, Juan Carlos recurre al sentido común para justificar el beneficio de la accesibilidad: “La accesibilidad a Internet no es tan diferente a la física. Si yo tengo que acceder a un edificio con barreras físicas y voy en silla de ruedas, necesito una persona que me ayude, lo que conlleva un gasto o sobrecoste, un esfuerzo que se paga. Si una persona no puede utilizar los recursos de la Red, necesariamente tendrá que recurrir a otro tipo de ayudas, y eso cuesta dinero también. Hay muchas personas que no tienen discapacidad pero sí limitaciones, como las personas mayores, y más. La accesibilidad es útil para todos. Son recursos adicionales que tienen reportes sociales y económicos enormes”.

Sin embargo, para Sanmartín, la realidad se mide de otra manera, y así lo expone: “Cuando hicimos el análisis de impacto previo a la propuesta legal trabajamos con un estudio en el que participó Technosite, y ahora hay otro más reciente que apunta que hay una ligera mejoría en la accesibilidad al sector público. Pero lo que también se sabe es que los niveles de accesibilidad actuales están en torno al 50 por ciento, a pesar de que en muchos Estados miembros hay ya una legislación vigente. Y en España, están en torno al 60 por ciento, y se quedaría en el octavo país de la Unión Europea en niveles de accesibilidad. Son datos que arrojan que hay mucho trabajo por hacer. Esto crea una obligación añadida desde la UE para que se mejoren estos niveles de accesibilidad. La base legal de esta propuesta es armonizar los requisitos de accesibilidad. Aquí hablamos mucho desde la perspectiva de los derechos humanos, no de acceso, pero la base legal de la directiva es otra, es la que es. Aunque uno de los efectos bilaterales y esperados de esta propuesta es aumentar la accesibilidad web de forma global y fomentar la inclusión social. Pero desde la perspectiva que hemos adoptado se trata de buscar un enfoque común”.

Finalmente, desde una perspectiva optimista, Lourdes González se muestra esperanzada: “El movimiento de las organizaciones sociales es fuerte y esperamos que las propuestas que han enviado den lugar a la ampliación del alcance de esta directiva, no digo que para 2015 todo tenga que ser accesible porque eso tampoco sería realista, pero sí lograr en 2015 lo que ya incluye esa directiva y para 2017 otra serie de servicios. Siempre aspiro a un poquito más”. Y añade: “Hay empresas brillantes que han iniciado los trabajos de accesibilidad por propia conciencia, por responsabilidad social; un volumen importante de empresas se han acercado a nosotros diciendo que querían tener web accesibles, y eso vino después de 2007 con la aprobación de la Ley. Es decir, muchas veces necesitamos ese empujoncito para avanzar”.

Mientras que Juan Carlos Ramiro se muestra al escéptico aunque confía en los avances de la tecnología y la fuerza del movimiento de la discapacidad: “Yo confío más en el avance de la tecnología que en la legislación. A menudo ocurre que antes de que la ley me de el derecho, llega un fabricante y me soluciona mi problema de accesibilidad. Pero con los derechos de las personas que afectan al bienestar de los ciudadanos no se debe jugar porque para muchas personas con discapacidad el tiempo pasa muy rápido, y una falta de accesibilidad a la educación, por ejemplo, puede suponer un año entero de pérdida y eso a veces es difícilmente recuperable para algunos estudiantes con discapacidad. Y cuando además hablamos de que incide en el bienestar directo y la salud de los ciudadanos, hablamos de temas muy serios. Y creo que el sector asociativo hace una labor esencial y confío en que la fuerza que va a hacer va a conseguir que salga lo mejor posible. Además, el sector asociativo tiene que hacer una labor permanente de recuerdo de que ese derecho existe y recordar al ciudadano sus mecanismos de defensa”.